martes, 11 de noviembre de 2014

Una alternativa a algunas previsiones penales utilitarias

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El nuevo volumen que presentamos recoge la actividad de reflexión y debate del Grupo de estudios en la segunda mitad del año 2012 y durante todo el año 2013. 

Durante ese tiempo han sido objeto de nuestra atención una serie de instituciones penales, sustantivas y procesales, en las que el peso de las razones utilitarias es mayor del habitual. Son en su mayoría instituciones jurídicas tradicionales cuya evolución en los últimos tiempos o su acomodación a las nuevas realidades sociales plantea problemas significativos. 

Una de ellas es el indulto, institución que siempre ha tenido problemas de encaje en sociedades basadas en la soberanía popular y la división de poderes, pero cuya utilidad en supuestos individuales aislados ha de reconocerse. Su persistencia legítima exige, sin embargo, una profunda reforma que asegure que no se convierte en un instrumento en manos del ejecutivo para eludir discrecionalmente las decisiones judiciales. A tales efectos presentamos una propuesta de una nueva ley de indulto que debiera sustituir a la vigente desde el último tercio del siglo XIX.

La prescripción de los delitos y las penas, por otra parte, es una institución que se está viendo sometida a renovadas presiones populistas, singularmente a través de la ampliación de los plazos de prescripción y, sobre todo, mediante el incremento del número de delitos considerados imprescriptibles. La propuesta que formulamos intenta mantener la institución dentro de los fundamentos que la legitiman. 

Del mismo modo, las dilaciones indebidas durante el proceso constituyen un fenómeno proscrito constitucionalmente pero cuya incuestionable presencia en la administración de justicia ha dado lugar a numerosas propuestas de solución, no todas ellas bien justificadas. 

La propuesta de reforma que se contiene en este volumen propone reacciones ante él que inciden tanto sobre la víctima de las dilaciones como sobre los responsables personales o institucionales de ellas. Finalmente, pocas dudas hay de que las conformidades procesales, mayoritariamente ancladas en razonamientos utilitarios, han adquirido un volumen y generalización que exigen repensar sus fines y controlar sus efectos. 

Proponemos una regulación coherente y sistemática de ellas que las acomode a los objetivos legítimos y limitados perseguidos y, al mismo tiempo, prevenga los abusos que se están produciendo.